En América Latina, los pueblos indígenas constituyen un grupo marginado que cada vez más utiliza los juzgados como medio para defender sus derechos. En parte esta tendencia es el resultado de la “juridificación” de sus derechos colectivos a través de procesos de reforma constitucional durante los años 80 y 90. También es consecuencia de los avances limitados en garantizar estos derechos en la práctica. El reconocimiento de ciertas autonomías para pueblos indígenas ha ocurrido al mismo tiempo que la implementación de políticas de liberalización económica y de explotación acelerada de recursos naturales – políticas que tienen un impacto negativo y desproporcionado en las comunidades indígenas. Esta combinación de factores ha aumentado las demandas de los pueblos indígenas frente al poder judicial para que sean garantizados sus derechos, aunque sea con efectos concretos limitados.

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(2007) “The Judiciary and Indigenous Rights in Guatemala”, International Journal of Constitutional Law, Vol. 5 (2): 211-241.