En The Oxford Handbook of Law and Anthropology, edited by Marie-Claire Foblets, Mark Goodale, María Sapignoli, y Olaf Zenker
Este capítulo revisa los principales debates sobre la juridificación de la política, discutiendo el análisis antropológico de la juridificación de la política indígena. Si bien gran parte del debate se refiere principalmente a la difusión y vernacularización del derecho estatal e internacional, y las subjetividades generadas por la interacción con las normas e instituciones dominantes, aquí dirijo la lente hacia la compleja dialéctica involucrada en la juridificación de los pueblos indígenas de sus propias formas de derecho. Basándome en mi trabajo etnográfico en Guatemala, trazo las diferentes formas en que los activistas en pro de los derechos Mayas y sus aliados han analizado, sistematizado y defendido sus propias formas de derecho en el contexto de las batallas por el reconocimiento estatal del pluralismo legal en el período de posguerra. Señalo las potencialidades inherentes a la juridificación del derecho maya, argumentando que diferentes batallas legales pueden leerse como intercambios que también contienen y transmiten una política de lo que Audra Simpson (2015) ha denominado «rechazo indígena».
El libro analiza las maneras en que la interseccionalidad de violencias contra las mujeres indígenas se expresan, refuerzan y resisten mediante múltiples foros y discursos de justicia y derecho y a través de distintos enmarcamientos que son situados y relacionales. A través de una serie de casos etnográficos, analiza distintos procesos de organización de mujeres indígenas interactuando con diferentes órdenes legales para buscar una mayor justicia de género dentro de sus comunidades, organizaciones y sociedades. Cinco estudios se enfocan en México; los otro cinco analizan experiencias de Guatemala, Ecuador, Bolivia y Colombia. Las autoras analizan cómo las mujeres indígenas se posicionan frente a las distintas formas de legalidad para exigir sus reclamos de justicia y seguridad. Además, en el ensayo introductorio y a lo largo del texto, se subraya la manera en que perspectivas colaborativas dentro de los campos de la antropología legal y la etnografía pueden arrojar nuevas luces sobre las dinámicas entre las mujeres indígenas y las pluralidades legales.
Este libro editado analiza distintos aspectos de la judicialización de la política en América Latina. Su enfoque va más allá del estudio del papel de las altas cortes y la revisión judicial de las políticas públicas o la defensa de los derechos. Incluye casos donde había evidencia de factores que impulsaban la judicialización “desde arriba” (por ejemplo cuando las élites políticas recurren a los altos tribunales para dirimir sus conflictos); “desde abajo”, al considerar varios procesos de movilización sociolegal y el uso creciente del derecho y los discursos legales de parte de distintos actores sociales, y; “desde afuera”, cuando la transnacionalización o internacionalización del derecho parecía un factor importante en impulsar ciertas temáticas o conflictos hacia los juzgados nacionales y el sistema interamericano de derechos humanos. Interesa no sólo ver el papel jugado por las cortes y el poder judicial, sino también el uso del derecho por distintos grupos en la sociedad, y las sinergias que se dan entre los procesos de transnacionalización y globalización legal por un lado y los sucesos en contextos nacionales por el otro.
Durante los años 80 y 90 las instituciones internacionales canalizaron más de un billón de dólares de ayuda externa para apoyar la reforma judicial en las frágiles democracias de América Latina. Este volumen analiza la lógica y los efectos de los esfuerzos de las agencias internacionales para apoyar la reforma judicial en la región. Los autores –analistas e implementadores- consideran de manera crítica la manera en que las organizaciones internacionales desarrollan e implementan sus agendas de reforma, señalando las fortalezas y debilidades de las perspectivas contemporáneas. En años recientes las agencias internacionales de desarrollo han enfatizado la necesidad de asegurar un mayor involucramiento de la sociedad civil en los procesos de reforma judicial. ¿Qué tan exitosas son estas perspectivas para asegurar un mayor acceso a la justicia y al rendimiento de cuentas? y ¿cómo se vinculan a los procesos de consolidación democrática?
El 29 de diciembre de 1996 el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el acuerdo global de paz que finalizó 36 años de conflicto armado interno y un proceso de negociaciones de más de una década de duración. Los acuerdos establecen un marco para enfrentar los problemas detrás de la guerra. La transición hacia la paz generó muchas expectativas y reforzó las tendencias hacia un mayor pluralismo político, el protagonismo de grupos de la sociedad civil y la participación de la población indígena en la política nacional. Sin embargo, el legado histórico de autoritarismo y militarismo, abusos de derechos humanos, impunidad, falta de rendición de cuentas, polarización política, desigualdad económica y división étnica presentan desafíos complejos para la construcción de la paz. Los ensayos publicados en este volumen fueron presentados en una conferencia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres en noviembre 1997. Estos reflejan la diversidad de actores políticos y académicos que participaron en el evento, analizan los desafíos y oportunidades ocasionados por el proceso de paz e incluyen transcripciones editadas de las discusiones que tuvieron lugar en la conferencia.
La firma de los acuerdos de paz en 1996 puso fin a 36 años de conflicto armado interno entre el gobierno de Guatemala y el movimiento rebelde de orientación marxista, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Este brutal conflicto tuvo como trasfondo las demandas históricas relacionadas con la distribución desigual de la tierra, la marginación de los pueblos indígenas, las restricciones sobre la organización política y niveles inaceptables de violencia estatal. El proceso de paz fue más allá que un arreglo entre los actores armados, pues permitió que los actores regionales y cívicos plantearan sus preocupaciones sobre la justicia social, la participación política y el Estado de derecho. Este número de Accord analiza la manera en que estas preocupaciones fueron marginadas durante el proceso de negociación y los desafíos actuales para la consolidación de la paz. Escrito por autores guatemaltecos e internacionales, la publicación incluye una cronología del proceso de paz, los textos completos de los acuerdos, y perfiles de los principales actores e instituciones involucrados. Fue editado por Rachel Sieder y Richard A. Wilson.
La transición hacia regímenes multiculturales y plurinacionales en los Andes formalmente reconoció a los sistemas comunitarios de gobierno de los pueblos indígenas. Estos tienden a enfatizar la participación, deliberación y el servicio al colectivo, pero son con frecuencia criticados por discriminar a las mujeres. Argumentamos que las reformas constitucionales y otras legislaciones recientes que combinan el reconocimiento a las demandas de derechos colectivos con las garantías institucionales a la igualdad han posibilitado diferentes estrategias de las mujeres indígenas de ‘negociar con el patriarcado’, a la vez permitiéndoles avanzar en la transformación de sus organizaciones y de la ‘costumbre’. Dichas estrategias son necesarias debido a las intersecciones de raza, clase y exclusiones que experimentan las mujeres indígenas, y son posibles también debido a la naturaleza diversa y dinámica de los sistemas comunales de gobierno. A pesar de los límites sistémicos y estructurales en relación a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, las acciones de las mujeres indígenas organizadas en las dos últimas décadas señalan nuevas formas de imaginar una ciudadanía más plural y menos patriarcal.
Los pueblos indígenas de América Latina sufren la falta sistemática de acceso a la justicia en los ordenamientos jurídicos estatales. La exclusión estructural y la discriminación, afectan particularmente a las mujeres indígenas. En este artículo se analizan los retos cuando tratan de acceder a la justicia en los sistemas jurídicos indígenas, y enfatizamos la necesidad de considerar los marcos normativos, la conciencia jurídica, el acceso a los foros apropiados de justicia y el logro de soluciones satisfactorias. Sugerimos que el reconocimiento gradual del pluralismo jurídico, así como la incorporación de las normas internacionales sobre derechos de la mujer dentro del derecho estatal, están mejorando las perspectivas para el acceso a la justicia para mujeres indígenas a través de todo el continente. Sin embargo, concluimos que sus demandas de igualdad de género y de una vida mas digna solo pueden cumplirse cuando los derechos colectivos de los pueblos indígenas estén garantizados y respetados.
Este artículo reúne una serie de reflexiones colectivas sobre las profundas transformaciones que los patrones de globalización neoliberal está causando en las comunidades indígenas y la manera en que los pueblos indígenas se están posicionando dentro de estos nuevos contextos como sujetos de derechos. Uno de los objetivos del proyecto colectivo que dio origen a este artículo fue el de reflejar de forma comparativa las experiencias indígenas en distintas regiones de México, Guatemala y los Estados Unidos, incluyendo la vivencia transnacional de los migrantes indígenas en estos países. Nuestro enfoque se centra en la manera en que los pueblos indígenas luchan por sus derechos políticos, sociales y económicos, sus formas de autonomía y un mejor acceso a la justicia dentro de los cambios producidos por la globalización económica y legal. Nos interesan particularmente las maneras diferenciadas en que los hombres y mujeres experimentan estas luchas y la forma en que las normas y dinámicas de género pueden estar cambiando a raíz de la organización y la migración.
Enfocándonos en el caso de Guatemala, este capítulo examina una serie de variables centrales para explicar la naturaleza y el impacto de la memoria política: primero, el legado social de violaciones a derechos humanos, incluyendo quiénes fueron las víctimas y los autores, así como el tipo de impacto general que esas violaciones de derechos humanos tuvieron en la sociedad; en segundo lugar, las circunstancias de la transición en sí, específicamente el saldo vigente de las fuerzas políticas y el balance entre la verdad y la justicia que esto engendró; en tercer lugar, el papel de las organizaciones locales de derechos humanos y la sociedad civil, en particular, de qué manera apoyaron y/o rechazaron los intentos oficiales por hacer frente al legado de las pasadas violaciones de derechos humanos; y cuarto, el papel jugado por las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales en los esfuerzos por descubrir la verdad sobre el pasado y hacer frente a las consecuencias de las violaciones de derechos humanos.
